La oposición había impugnado el programa de gobierno aprobado en agosto, que incluye el compromiso de "asegurar el retiro" de Karekín II. El tribunal no analizó el fondo del planteo: sostuvo que un programa de gobierno es una declaración política y no una norma.
El Tribunal Constitucional de Armenia rechazó tratar el pedido de los dos bloques opositores del Parlamento, Armenia Fuerte y Armenia, que cuestionaban la resolución con la que la Asamblea Nacional aprobó el programa de gobierno el 25 de agosto. La decisión, adoptada mediante una resolución de procedimiento y difundida el 9 de octubre, deja en pie el texto completo, incluido el capítulo que compromete al Ejecutivo a remover al Katolikós de Todos los Armenios, Karekín II.
Qué dice el programa
El capítulo 7 del programa de gobierno 2026-2031 se titula "Seguridad espiritual" y sus tres primeros puntos establecen que:
- Se asegurará el alejamiento (pase a retiro) del "jefe de facto" de la Iglesia Apostólica Armenia y se elegirá, "según el procedimiento establecido", un lugarteniente que ocupe provisoriamente la sede.
- Se asegurará la aprobación de un estatuto de la Iglesia, que deberá fijar mecanismos para garantizar el respeto de los principios establecidos, la transparencia financiera y la integridad de los clérigos.
- Se asegurará, "según el procedimiento establecido", la elección de un nuevo Katolikós.
Qué planteó la oposición
Los diputados opositores presentaron dos objeciones. La primera, de fondo: ninguna norma constitucional ni legal autoriza al gobierno a remover al Katolikós, organizar la elección de su reemplazante o imponerle un estatuto a la Iglesia. Convertir esos objetivos en política de Estado, sostuvieron, viola tanto la autonomía de la Iglesia como la libertad de conciencia y de religión de los ciudadanos.
Anticipándose a la respuesta oficial, agregaron que no vale el argumento de que el programa solo habla de "esfuerzos" sin efectos jurídicos inmediatos: una política adoptada por los máximos órganos del Estado ya funciona como presión sobre la comunidad religiosa y orienta las futuras medidas administrativas, legislativas y judiciales. Señalaron además que, en los hechos, el Estado ya viene interviniendo de manera ilegal en la vida de la Iglesia.
La segunda objeción fue de forma. Según la oposición, el oficialismo alteró el orden de la sesión: pasó a debatir el programa antes de terminar la elección de los presidentes de las comisiones permanentes, varias de las cuales corresponden a la oposición. Eso, afirmaron, contradice el reglamento del Parlamento y debilita las garantías de la minoría.
Qué respondió el tribunal
El tribunal no se pronunció sobre si remover al Katolikós es constitucional o no. Se limitó a decir que el caso no puede ser examinado.
Su razonamiento: las disposiciones de un programa de gobierno "no tienen contenido normativo"; son declaraciones políticas que solo adquieren valor jurídico cuando se traducen en leyes u otras normas. Por lo tanto, en lo que hace al contenido del programa, tampoco puede revisarse la resolución parlamentaria que lo aprobó.
Además, consideró que la presentación no alcanzó "el umbral mínimo de argumentación" necesario para abrir el análisis de fondo.
En la práctica, la decisión no avala ni condena el plan oficial, pero le cierra a la oposición la vía judicial en esta etapa. Del propio argumento del tribunal se desprende que el debate podría reabrirse cuando el gobierno dicte medidas concretas para ejecutar lo que el programa anuncia.
El contexto
El programa fue aprobado por 63 votos a favor, todos del oficialista Contrato Cívico (CC), y 24 en contra. El partido de Nikol Pashinian tiene 64 de las 105 bancas; Armenia Fuerte, la alianza del empresario Samvel Karapetian, 29; y el bloque Armenia, del expresidente Robert Kocharian, 12.
Pashinian reclama la salida de Karekín II desde junio de 2025, poco después de que el Katolikós denunciara en un foro internacional la limpieza étnica en Artsaj y la ocupación de territorio armenio por Azerbaiyán. Desde entonces fue cambiando de argumentos: primero lo acusó de haber violado el voto de celibato; después, de vínculos con servicios de inteligencia extranjeros. Al presentar el programa en el Parlamento, el 24 de agosto, sumó otro: que los sacerdotes rezan por la República de Artsaj en las misas por orden del Katolikós, y que eso convierte a la Iglesia en una "institución de propaganda de guerra". Los diputados opositores abandonaron el recinto.
Karekín II, que enfrenta un proceso penal junto a seis obispos del Consejo Espiritual Supremo, ya advirtió que no renunciará. Tres arzobispos detenidos el año pasado pasaron este año a prisión domiciliaria. En agosto, el Consejo Mundial de Iglesias cuestionó la "injerencia indebida" del gobierno en los asuntos internos de la Iglesia.
