El documento reconoce que los votantes tuvieron una opción real y denuncia una injerencia rusa sin precedentes, pero cuestiona la anulación de tres mesas que dejó a Armenia Próspera fuera del Parlamento, los más de 200 procesos penales abiertos mayormente contra opositores y la presión sobre empleados públicos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) presentó este lunes, en la primera jornada de su sesión de otoño, su informe final sobre las elecciones parlamentarias del 7 de junio en Armenia. El documento aprueba la organización de los comicios, pero registra una extensa lista de problemas en la campaña y en la etapa posterior a la votación. Según el texto, los votantes tuvieron una opción real entre alternativas políticas y la elección estuvo en general bien organizada. Sin embargo, la campaña estuvo marcada por la injerencia extranjera, la polarización política, el uso de recursos administrativos y las deficiencias en los mecanismos de reclamo electoral.

El informe fue elaborado por una comisión ad hoc de la APCE encabezada por el parlamentario suizo Damien Cottier. Lleva el número 16486 y se publicó el 22 de septiembre.

Las tres mesas anuladas

El capítulo más sensible es el de la anulación de los resultados de tres mesas electorales por parte de la Comisión Electoral Central (CEC). En dos de ellas se permitió votar a militares después del horario legal de cierre. En la tercera, las boletas del Polo Nacional Democrático no habrían estado disponibles durante la mayor parte de la jornada. De acuerdo con cálculos citados en el informe, si esos votos se hubieran computado, Armenia Próspera podría haber superado el umbral del 4 % y entrado al Parlamento, lo que habría modificado el reparto de bancas.

El partido de Gagik Tsarukian terminó con 58.287 votos, el 3,989 %, apenas por debajo del mínimo exigido. La CEC concluyó que la anulación no alteraba el resultado general y descartó repetir la votación. La APCE calificó esa justificación de insuficiente, sobre todo por su posible impacto en la representación parlamentaria. Los tribunales tampoco corrigieron la situación antes de que asumiera el nuevo Parlamento. Según los observadores locales, el Tribunal Administrativo que analizó la impugnación de Armenia Próspera se había pronunciado a favor de repetir la votación en esas mesas. Aun así, no hubo nueva votación antes de que se constituyera la Asamblea Nacional.

El reparto final quedó así: 64 bancas para el oficialista Contrato Cívico (CC), 29 para Armenia Fuerte y 12 para la Alianza Armenia. Con ese resultado, el CC controla más de tres quintos del Parlamento.

La diputada Arega Hovsepian, del bloque Armenia Fuerte, destacó los puntos clave del informe. Subrayó que el texto vincula la anulación de las tres mesas con sus posibles consecuencias en la distribución de mandatos y que advierte que esa decisión pudo haber dejado a una parte del electorado sin representación.

Causas penales y presión sobre empleados públicos

El informe señala que se abrieron más de 200 investigaciones penales por compra de votos y delitos electorales conexos. La mayoría apuntó contra la oposición, lo que generó una impresión de aplicación selectiva de la ley. Hovsepian agregó que, según el propio documento, al momento de la observación no se habían dictado condenas en esas causas.

Empleados del sector público denunciaron que fueron obligados o presionados a asistir a actos del CC. Los observadores también documentaron casos de gerentes de empresas que presionaron a sus empleados para que participaran en actos opositores. En materia de financiamiento, la APCE advirtió que siguen sin una regulación adecuada, y pueden quedar fuera de control, los gastos y donaciones previos al período oficial de campaña, el gasto digital y los aportes en especie.

En cuanto a los medios, el informe describe un escenario plural pero muy polarizado, en el que la televisión pública y varios canales privados mostraron parcialidad en su cobertura.

Injerencia rusa y apoyos occidentales

Uno de los ejes del informe es la presión externa. La APCE sostuvo que la injerencia rusa y las operaciones de información extranjeras alcanzaron una escala sin precedentes en un Estado miembro del Consejo de Europa. El documento menciona las restricciones a exportaciones armenias como flores, agua mineral y bebidas alcohólicas, y los cambios anunciados en el suministro de gas, derivados del petróleo y diamantes.

El texto también se refiere a Occidente. Funcionarios occidentales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia y altos representantes de la UE, expresaron públicamente su apoyo al partido gobernante. Según el informe, esos respaldos también fueron percibidos como injerencia externa, aunque se limitaron en gran medida a declaraciones y, a juicio de los observadores, no tuvieron el carácter coercitivo de las medidas rusas.

La jornada electoral

La votación transcurrió con orden y calma, y la administración electoral fue calificada de técnicamente competente y transparente. No obstante, los observadores registraron irregularidades en alrededor del 44 % de las mesas visitadas: errores de procedimiento, intentos de influir sobre los votantes, violaciones del secreto del voto y proselitismo no autorizado. La participación llegó al 58,97 %.

Dos lecturas

Desde el oficialismo, el diputado Haik Konchorian sostuvo que, según el informe, las nuevas autoridades recibieron un mandato claro del pueblo.

Hovsepian hizo una lectura opuesta: "El pilar de la democracia es precisamente organizar elecciones libres, justas y competitivas, y estas autoridades lo han hecho fracasar, lo han demolido por completo". Según la diputada, el informe emplea en buena medida un lenguaje diplomático y de manual, y sus conclusiones son más bien neutras. Para ella, eso tiene lógica: "De lo contrario, en los foros internacionales quedaría seriamente en duda la legitimidad de las autoridades armenias, con las que los propios europeos tienen que trabajar".

Entre sus recomendaciones, la APCE pidió poner fin a lo que describió como persecución selectiva de figuras opositoras y garantizar el debido proceso en los juicios vinculados a las elecciones. También reclamó cerrar los vacíos en el financiamiento de campañas y asegurar la imparcialidad de la televisión pública. El organismo afirmó que seguirá trabajando con las autoridades armenias en el marco de su procedimiento de monitoreo, junto con la Comisión de Venecia.