La defensa de Karekin II pidió cerrar la causa durante la audiencia preliminar
Finalizó este viernes en Etchmiadzin la audiencia preliminar del proceso penal contra el Katolikós de Todos los Armenios y seis integrantes del Consejo Espiritual Supremo. La defensa pidió el cese de la persecución penal al sostener que la reducción al estado laical de un obispo pertenece exclusivamente al ámbito canónico de la Iglesia. Hasta el momento no se informó una resolución del juez ni una nueva fecha de audiencia.
18 de septiembre de 2026
Se realizó este viernes, en la sede de Vagharshapat (Etchmiadzin) del Tribunal Penal de Primera Instancia de la provincia de Armavir, la audiencia preliminar de la causa contra el Katolikós de Todos los Armenios Karekin II y otros seis altos dignatarios de la Iglesia Apostólica Armenia.
Además del Katolikós, están acusados los arzobispos Nathan Hovhannisian y Haigazun Najarian, y los obispos Moushegh Babaian, Hovnan Hakobian, Makar Hakobian y Vahan Hovhannisian, todos miembros del Consejo Espiritual Supremo.
Karekin II y los seis eclesiásticos no estuvieron personalmente presentes en la sala y fueron representados por sus abogados, haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 272, inciso 4, del Código Procesal Penal de Armenia. La Santa Sede de Etchmiadzin había informado previamente que los siete ejercerían ese derecho.
La defensa pidió cerrar la causa
Durante la audiencia, presidida por el juez Serzh Rushanian, el abogado Ara Zohrabian, defensor de Karekin II, presentó distintos planteos destinados a obtener el cese de la persecución penal y el cierre del procedimiento.
El argumento central de la defensa es que la decisión de reducir al estado laical a un obispo constituye un acto exclusivamente espiritual y canónico, perteneciente a la organización interna de la Iglesia Apostólica Armenia y, por lo tanto, ajeno a la competencia de las autoridades estatales.
“El Estado no tiene derecho a decidir quién debe ser obispo”, sostuvo Zohrabian, quien afirmó además que la conducta atribuida al Katolikós no reúne los elementos necesarios para configurar el delito que se le imputa.
La defensa sostuvo asimismo que existe una circunstancia que impediría continuar la persecución penal y pidió al tribunal que la dé por terminada. Como alternativa, solicitó que la cuestión sea remitida a la Corte Constitucional de Armenia para que se expida sobre los límites entre la potestad estatal y la autonomía religiosa y canónica de la Iglesia.
La decisión quedó pendiente
Al concluir la audiencia de este viernes, no se había informado públicamente que el juez Rushanian hubiera aceptado o rechazado los planteos de la defensa.
Tampoco había sido anunciada, hasta el cierre de esta edición, una nueva fecha para la continuación de las audiencias preliminares.
Por lo tanto, no hubo este viernes una sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. El proceso permanece en su etapa preliminar, en la que el tribunal debe resolver, entre otras cuestiones, si existen fundamentos jurídicos para que la persecución penal continúe.
Tampoco corresponde hablar, por el momento, de una audiencia “postergada”: la sesión prevista para este 18 de septiembre se realizó y concluyó, quedando pendiente la resolución judicial sobre los planteos presentados.
El origen de la causa
El expediente tiene su origen en el conflicto relacionado con el entonces obispo Gevorg Saroian, quien se desempeñaba como Primado de la Diócesis de Masiatsotn.
El 10 de enero de 2026, por disposición de Karekin II, Saroian fue removido de la conducción de la diócesis. El religioso recurrió posteriormente a la Justicia y un tribunal adoptó el 17 de enero una medida cautelar destinada a mantenerlo en sus funciones hasta que existiera una resolución definitiva sobre el litigio.
Más tarde, el Consejo Espiritual Supremo adoptó una decisión por la que Saroian fue reducido al estado laical, pasando a ser identificado por su nombre secular, Arman Saroian.
La acusación sostiene que esa decisión habría significado obstaculizar la ejecución de un acto judicial vigente, utilizando facultades oficiales. Sobre esa base fueron imputados Karekin II y los otros seis miembros del Consejo Espiritual Supremo en virtud del artículo 507, inciso 2, del Código Penal de Armenia.
La defensa rechaza esa interpretación. Su posición es que un tribunal estatal puede resolver las consecuencias civiles o jurídicas de una controversia, pero no determinar quién mantiene o pierde la condición de obispo dentro de la Iglesia Apostólica Armenia.
El recorrido judicial de la causa
Antes de llegar a la audiencia de este viernes, el expediente atravesó varias incidencias relacionadas con el tribunal que debía intervenir.
La primera audiencia se celebró el 7 de agosto ante el juez Hakob Manukian, quien se recusó por una posible incompatibilidad derivada de su anterior relación profesional con Ara Zohrabian. El expediente fue entonces asignado al juez Serzh Rushanian.
El 28 de agosto, Rushanian decidió remitir la causa a un tribunal de Ereván por considerar que la descripción de la acusación contra el Katolikós no precisaba adecuadamente el lugar donde se habría cometido el supuesto delito.
El expediente llegó entonces al juez Vahagn Melikian, del Tribunal Penal de Primera Instancia de Ereván, quien elevó a la Corte de Casación la cuestión sobre cuál era el tribunal territorialmente competente.
El 7 de septiembre, la Corte de Casación resolvió que el proceso debía tramitarse en Armavir. Consideró que las acusaciones no podían analizarse aisladamente y tuvo en cuenta que los hechos atribuidos a los otros seis eclesiásticos estaban vinculados con una reunión del Consejo Espiritual Supremo realizada en la Santa Sede de Etchmiadzin. La causa volvió así al juez Rushanian, quien fijó para este viernes 18 de septiembre la audiencia preliminar.
En un contexto de fuerte tensión entre el Gobierno y la Iglesia
El proceso judicial se desarrolla en medio de una profunda tensión entre el Gobierno de Nikol Pashinian y la conducción de la Iglesia Apostólica Armenia.
El Gobierno incorporó en su programa para el período 2026-2031 una agenda que denomina de “reforma” de la Iglesia Apostólica Armenia y que contempla, entre otros objetivos, la sustitución de su actual cabeza y la posterior elección de un nuevo Katolikós. El Ejecutivo sostiene que esas medidas buscan fortalecer la institucionalidad, la transparencia y el funcionamiento canónico de la Iglesia.
Pashinian ha realizado además reiterados cuestionamientos públicos a Karekin II y ha planteado su salida de la conducción eclesiástica. En agosto volvió a referirse públicamente a una agenda de reformas de la Iglesia y manifestó que estaría dispuesto a discutirla con el propio Katolikós.
La Iglesia, por su parte, ha rechazado lo que considera interferencias de las autoridades estatales en su autonomía y en su organización interna, y sus obispos denunciaron públicamente en febrero la existencia de una persecución contra la institución.
Karekin II continúa alcanzado por una prohibición de salir de Armenia, medida cautelar dispuesta en febrero en el marco de este proceso penal. El Comité de Investigación de Armenia confirmó entonces que la restricción estaba vinculada directamente con la causa.
La audiencia de este viernes vuelve así a colocar en primer plano una cuestión que excede el expediente penal concreto: cuáles son los límites de la intervención de la Justicia estatal cuando una resolución judicial entra en conflicto con una decisión que la Iglesia considera propia de su autoridad espiritual y canónica.
Al cierre de esta edición, la decisión del juez Serzh Rushanian sobre los pedidos de la defensa continuaba pendiente y no se había comunicado una fecha para una próxima audiencia.
