Organizaciones No Gubernamentales armenias piden reformas urgentes tras una nueva ola de muertes en el Ejército

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil armenia hizo público un comunicado en el que expresa su preocupación por la seguidilla de muertes de soldados en condiciones no vinculadas al combate dentro de las Fuerzas Armadas de la República de Armenia.

El texto recuerda que el 21 de julio de 2026 el Comité de Investigación de la RA informó sobre la apertura de una causa penal por la muerte de un soldado, y que dos días después, el 23 de julio, trascendió que se inició una persecución penal pública contra compañeros de armas del fallecido, acusados de haberlo inducido por negligencia al suicidio.

Según el comunicado, solo durante 2026 se registraron ocho muertes en condiciones no vinculadas al combate en las filas del Ejército armenio, la mayoría de las cuales derivó en procesos penales por homicidio o inducción al suicidio, de acuerdo con los propios reportes del Comité de Investigación.

La cifra, sin embargo, es aun mayor según otras fuentes. La oficina de Vanadzor de la Asamblea Cívica de Helsinki contabilizó 30 muertes de soldados en los primeros siete meses de 2026, de las cuales 11 fueron clasificadas oficialmente como vinculadas al servicio militar y 19 como ajenas a él. Del total, cerca del 37% correspondió a suicidios y homicidios: ocho casos de suicidio y tres de homicidio, según esa organización. Todas las muertes registradas este año se produjeron en condiciones no vinculadas al combate; de hecho, no se reporta ninguna baja por violaciones al cese el fuego desde febrero de 2024.

Las organizaciones firmantes remarcan que los soldados —en particular los conscriptos— están bajo la responsabilidad y el cuidado directos del Estado armenio, que tiene la obligación de garantizar su derecho a la vida y su seguridad, y de proteger su honor y su dignidad.

Uno de los puntos centrales del texto es la crítica a la forma en que, desde los más altos niveles oficiales, se explican estos casos: en lugar de asumir la responsabilidad estatal, el problema suele trasladarse al terreno de la "resistencia psicológica" de la víctima, una tendencia que las ONG interpretan como un modo de eludir responsabilidades y encubrir las causas reales de los hechos.

El comunicado sostiene que la violencia y la humillación de los soldados tienen carácter sistemático dentro de las Fuerzas Armadas, y se manifiestan tanto en violencia física como en tratos degradantes, intimidación y abuso prolongado de autoridad, muchas veces con participación grupal y sin mecanismos adecuados de control ni prevención. También señala que la práctica de violencia física y psicológica sostenida en el tiempo, previa a los casos de suicidio, no recibe una evaluación jurídica adecuada, y que incluso cuando los responsables son condenados, suelen quedar en libertad condicional, lo que, advierten, normaliza la violencia en lugar de prevenirla.

Las organizaciones también cuestionan la ausencia de investigaciones efectivas y oportunas, que según el texto se limitan al nivel de los ejecutores directos sin alcanzar la responsabilidad de mando, y critican al Ministerio de Defensa por sostener una gestión poco transparente y sin rendición de cuentas pública sobre las circunstancias de estas muertes.

Los principales reclamos del pronunciamiento incluyen:

• Investigaciones efectivas sobre los casos de violencia y muerte, con evaluación jurídica de la actuación —y la omisión— del mando.
• Asistencia legal, psicológica y social gratuita para las familias de los soldados fallecidos, y protocolos claros de respuesta inmediata, incluido el acompañamiento psicológico urgente para los compañeros de unidad.
• Acceso de los soldados a especialistas civiles en salud mental o líneas telefónicas gratuitas las 24 horas, fuera de la jerarquía militar y con garantía de confidencialidad total.
• Reformas reales en materia de derechos humanos, con capacitaciones obligatorias para tropa y mandos sobre la prohibición de la tortura y los tratos degradantes.
• Fortalecimiento de los mecanismos de detección temprana y monitoreo de situaciones de alto riesgo: patrones de violencia, jerarquías informales, acoso grupal y otras conductas violentas, antes de que deriven en hechos graves.
• Un estudio multidisciplinario —a realizarse en el plazo más breve posible— sobre las causas de la violencia y los suicidios, con publicación de sus resultados.
• Mayor rol y capacidad para los psicólogos militares y otros servicios de apoyo en la detección, documentación y respuesta ante casos de violencia, humillación, bullying y riesgo de suicidio.
• Garantías de supervisión y rendición de cuentas por parte de los mandos, con exigencias claras de documentación de incidentes reiterados y revisión de los mecanismos disciplinarios aplicables a los oficiales cuya acción u omisión pudiera haber contribuido a que la violencia continuara.

Organizaciones firmantes:

• ONG Defensa de Derechos sin Fronteras
• Club de medios Stepanakert
• Periodistas por los Derechos Humanos
• Comité Armenio de la Asamblea Cívica de Helsinki (oficina de Vanadzor)
• Juventud Armenia Progresista
• Jóvenes por el Cambio
• Asociación Armenia de Ayuda y Desarrollo
• Grupo de Helsinki de Spitak
• ՄԵՆՔ ("Nosotros"), ONG juvenil de la región de Lori
• Fundación benéfica Lusastgh
• Unión ARFI de asistencia social, psicológica y jurídica para mujeres, niños y familias
• Fundación para el Desarrollo de la Democracia
• ONG humanitaria Dignity
• Agenda de Derechos de las Personas con Discapacidad
• Centro de Derecho
• Asociación de Helsinki
• ONG Nueva Cultura de Justicia
• Centro de Investigación de Derechos Humanos
• Centro Anticorrupción de Transparencia Internacional
• Club de Periodismo Público
• GorisLAB, centro de desarrollo comunitario