El Parlamento de Armenia aprobó el viernes 3 de julio, en segunda y última lectura, un paquete de reformas al Código Electoral que restringe drásticamente el derecho a voto de los ciudadanos armenios que residen fuera del país. La iniciativa fue votada en una sesión especial de la Asamblea Nacional marcada por el boicot de la oposición parlamentaria.
A partir de ahora, solo podrán votar en las elecciones nacionales (parlamentarias) y en los referéndums de Armenia aquellos ciudadanos que hayan residido de manera efectiva en el país durante al menos 366 de los últimos 730 días —es decir, más de un año de los últimos dos—, computados a partir de una fecha de corte fijada en 48 días antes de elecciones ordinarias o 28 días antes de elecciones anticipadas.
Para las elecciones de gobierno local se establece una exigencia aún más estricta: además del año de residencia efectiva, los ciudadanos deberán figurar inscriptos en el padrón electoral de la comunidad correspondiente con un mínimo de seis meses de antelación.
La norma prevé excepciones para quienes se encuentren en el exterior por motivos justificados: estudiantes matriculados en instituciones de educación superior extranjeras, funcionarios públicos en misión oficial, empleados de misiones diplomáticas y consulares, y sus respectivos grupos familiares.
El proyecto fue votado favorablemente por 63 diputados y presentado por los legisladores Alkhas Ghazarian, Arusiak Manavazian, Hasmik Hakobian y Arusiak Julhakian, integrantes del bloque parlamentario del oficialista Contrato Civil. El paquete legislativo incluye además un endurecimiento de las penas criminales por fraude electoral y manipulación de los padrones.
La reforma llega menos de un mes después de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, en las que Contrato Civil, el partido del primer ministro Nikol Pashinian, obtuvo el 49,8% de los votos pero no logró la mayoría constitucional. Durante la campaña, referentes oficialistas denunciaron reiteradamente la llegada masiva de ciudadanos armenios desde Rusia con el objetivo de votar, en un contexto de denuncias de injerencia rusa orientada a favorecer a las fuerzas prorrusas —el bloque "Armenia Próspera" de Gagik Tsarukian, el bloque "Armenia" del expresidente Robert Kocharian y "Armenia Fuerte" del empresario Samvel Karapetian—.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ruben Rubinian, defendió la medida al sostener que su objetivo es proteger al país de un escenario en el que se distribuyan sobornos electorales en el exterior para influir de manera ilegítima en los comicios armenios, y afirmó haber recibido "señales" de que esa práctica efectivamente se produjo.
La bancada opositora no participó de la votación y anticipó que apelará la reforma ante el Tribunal Constitucional. El diputado Aghvan Vardanian calificó la medida como "una jugarreta mezquina y un intento de complacer a Azerbaiyán", y sostuvo que el verdadero propósito es impedir que voten en un eventual referéndum quienes no hayan residido en el país en los últimos seis meses.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil armenia difundió una carta abierta en la que calificó la ley de inconstitucional, advirtiendo que "pone en riesgo los principios democráticos y viola los derechos políticos de los ciudadanos".
El Parlamento de Armenia aprobó el viernes 3 de julio, en segunda y última lectura, un paquete de reformas al Código Electoral que restringe drásticamente el derecho a voto de los ciudadanos armenios que residen fuera del país. La iniciativa fue votada en una sesión especial de la Asamblea Nacional marcada por el boicot de la oposición parlamentaria.
A partir de ahora, solo podrán votar en las elecciones nacionales (parlamentarias) y en los referéndums de Armenia aquellos ciudadanos que hayan residido de manera efectiva en el país durante al menos 366 de los últimos 730 días —es decir, más de un año de los últimos dos—, computados a partir de una fecha de corte fijada en 48 días antes de elecciones ordinarias o 28 días antes de elecciones anticipadas.
Para las elecciones de gobierno local se establece una exigencia aún más estricta: además del año de residencia efectiva, los ciudadanos deberán figurar inscriptos en el padrón electoral de la comunidad correspondiente con un mínimo de seis meses de antelación.
La norma prevé excepciones para quienes se encuentren en el exterior por motivos justificados: estudiantes matriculados en instituciones de educación superior extranjeras, funcionarios públicos en misión oficial, empleados de misiones diplomáticas y consulares, y sus respectivos grupos familiares.
El proyecto fue votado favorablemente por 63 diputados y presentado por los legisladores Alkhas Ghazarian, Arusiak Manavazian, Hasmik Hakobian y Arusiak Julhakian, integrantes del bloque parlamentario del oficialista Contrato Civil. El paquete legislativo incluye además un endurecimiento de las penas criminales por fraude electoral y manipulación de los padrones.
La reforma llega menos de un mes después de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, en las que Contrato Civil, el partido del primer ministro Nikol Pashinian, obtuvo el 49,8% de los votos pero no logró la mayoría constitucional. Durante la campaña, referentes oficialistas denunciaron reiteradamente la llegada masiva de ciudadanos armenios desde Rusia con el objetivo de votar, en un contexto de denuncias de injerencia rusa orientada a favorecer a las fuerzas prorrusas —el bloque "Armenia Próspera" de Gagik Tsarukian, el bloque "Armenia" del expresidente Robert Kocharian y "Armenia Fuerte" del empresario Samvel Karapetian—.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Ruben Rubinian, defendió la medida al sostener que su objetivo es proteger al país de un escenario en el que se distribuyan sobornos electorales en el exterior para influir de manera ilegítima en los comicios armenios, y afirmó haber recibido "señales" de que esa práctica efectivamente se produjo.
La bancada opositora no participó de la votación y anticipó que apelará la reforma ante el Tribunal Constitucional. El diputado Aghvan Vardanian calificó la medida como "una jugarreta mezquina y un intento de complacer a Azerbaiyán", y sostuvo que el verdadero propósito es impedir que voten en un eventual referéndum quienes no hayan residido en el país en los últimos seis meses.
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil armenia difundió una carta abierta en la que calificó la ley de inconstitucional, advirtiendo que "pone en riesgo los principios democráticos y viola los derechos políticos de los ciudadanos".