El presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonian, volvió a encender el debate sobre el futuro del país al afirmar, en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle, que la cuestión de Nagorno Karabaj había sido concebida deliberadamente como una trampa para impedir que Armenia alcanzara una verdadera independencia.
"Esta trampa fue tendida para que Armenia nunca pudiera volverse independiente. Al mismo tiempo, Azerbaiyán tampoco habría sido menos dependiente: habría sido un instrumento de presión. Ya hemos hablado de esto. La página del movimiento de Karabaj está cerrada, y no debemos volver a este tema. Este es el único camino correcto."
Las declaraciones de Simonian no son nuevas, pero sí cada vez más terminantes. En los últimos meses, el funcionario —uno de los principales voceros del primer ministro Nikol Pashinian— ha sostenido que Karabaj "no existe legalmente como entidad" y que el Ministerio de Relaciones Exteriores armenio ha eliminado el tema de toda agenda diplomática con Bakú. En ese marco, la entrevista con Deutsche Welle representa la formulación más explícita hasta ahora de una tesis que el oficialismo armenio viene construyendo desde la debacle de septiembre de 2023: que la disputa por Artsaj fue, desde su origen, una herramienta de control ajeno sobre Armenia, y no una causa nacional legítima.
El razonamiento oficial tiene su propia lógica geopolítica. Al reconocer la integridad territorial de Azerbaiyán en el acuerdo de Praga, el gobierno armenio argumenta que Armenia reconoció también la propia, liberándose —según sus palabras— de "la dependencia colonial y el riesgo de convertirse en una provincia periférica". Quienes hablen negativamente de ese proceso, advirtió Simonian, "no quieren que Armenia exista como Estado independiente".
En agosto de 2025, Armenia y Azerbaiyán rubricaron en Washington el texto de un acuerdo de paz. Sin embargo, el tratado permanece sin firmar: Bakú exige modificaciones en la Constitución armenia, que —según Azerbaiyán— contiene reclamaciones territoriales implícitas.
Pero estas posiciones generan una profunda fractura dentro de la sociedad armenia. En febrero de 2025, Simonian protagonizó una de sus declaraciones más polémicas al culpar a los propios armenios de Artsaj de no haber resistido la ofensiva azerbaiyana. "Se fueron porque no era seguro. Podrían haberse quedado y combatido hasta el final, pero eligieron irse", dijo ante la pregunta de una periodista desplazada que quería saber cuándo podría volver a su hogar. Las palabras desataron una ola de indignación. El ex presidente de Nagorno Karabaj, Samvel Shahramanian, condenó las declaraciones por haber intentado "humillar la lucha heroica del pueblo de Artsaj" durante el bloqueo de más de nueve meses y la ofensiva final.
El contexto político torna aún más sensible cualquier declaración sobre Karabaj: con las elecciones parlamentarias previstas para el 7 de junio de 2026, el primer ministro Pashinian advirtió que si la oposición llegara al poder, podría desatarse una nueva guerra con Azerbaiyán. La oposición califica esas advertencias de chantaje electoral; el oficialismo insiste en que es una evaluación política honesta de los riesgos.
En el plano diplomático, Armenia transita una reconfiguración histórica. En enero de 2025 firmó con Estados Unidos una Carta de Asociación Estratégica, y en el marco de la visita del vicepresidente Vance a Ereván se alcanzó un acuerdo de energía nuclear civil por 5.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el alejamiento de Moscú es cada vez más visible: Armenia suspendió su participación activa en la OTSC, retiró guardias fronterizos rusos del paso de Akhurik y avanzó hacia una misión de monitoreo de la Unión Europea en su frontera con Azerbaiyán.
Para la comunidad armenia de la diáspora —y en particular para los más de 100.000 desplazados de Artsaj que hoy viven en Armenia sin querer aceptar la ciudadanía por temor a perder su vínculo jurídico con su tierra— las palabras de Simonian resultan difíciles de procesar. El gobierno de Artsaj en el exilio continúa reuniéndose en Ereván y reclama el derecho a la autodeterminación, mientras Azerbaiyán demuele sistemáticamente barrios, aldeas e iglesias armenias en el territorio que hoy controla.
Hay preguntas que los gobiernos cierran con decretos y los pueblos mantienen abiertas durante generaciones. Lo que Simonian llama pragmatismo —liberarse de una trampa tendida por otros— los desplazados de Artsaj lo llaman olvido. Con las elecciones de junio a la vuelta de la esquina, el gobierno de Pashinian apuesta a que los armenios voten por la paz que tienen, y no por la justicia que no llegó. Puede que tengan razón. Pero más de 100.000 personas que perdieron su tierra sin haberlo elegido, y los millones de armenios dispersos por el mundo que llevan Artsaj en la memoria familiar, no están del todo convencidos de que cerrar una página sea lo mismo que escribir un final justo.
