El primer ministro Nikol Pashinian participó en la 8.ª reunión de la Plataforma de la Sociedad Civil Armenia-Unión Europea y pronunció un discurso que, lejos de ofrecer respuestas, dejó al descubierto las profundas contradicciones de su propio gobierno.
Del encuentro participaron el vicepremier Mher Grigorian, el secretario del Consejo de Seguridad Armen Grigorian, la ministra del Interior Arpine Sarkisian, la ministra de Justicia Srbui Galian, junto a representantes de instituciones legislativas, ejecutivas, organismos internacionales y de la sociedad civil, así como miembros del Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Ocho años después de la Revolución de Terciopelo de 2018, que prometió refundar Armenia sobre las bases de la democracia y la justicia, Pashinian reconoció ante la plataforma que esos objetivos siguen sin cumplirse. Admitió que el país enfrenta "problemas gravísimos" y que su gobierno no ha logrado resultados satisfactorios en materia de justicia, uno de los ejes centrales de aquella revolución que lo llevó al poder.
Lo más llamativo —e inédito— fue su confesión personal: "No lo digo como primer ministro de la República de Armenia, lo digo como ciudadano, porque yo mismo tampoco tengo sensación de justicia en el plano institucional en la República de Armenia. Y este es un problema fundamental que debemos resolver". Una declaración que, viniendo del jefe de gobierno tras casi una década en el poder, resulta cuando menos desconcertante.
Para explicar este fracaso, Pashinian apuntó a las instituciones: señaló que la justicia está administrada por organismos aislados y desconectados del pueblo, sin rendición de cuentas suficiente. Pero la autocrítica tiene un límite: en lugar de asumir responsabilidad política concreta, el primer ministro derivó el problema hacia la arquitectura constitucional, afirmando que Armenia "nunca ha tenido una Constitución que sea expresión de la libre voluntad del pueblo". La solución que propone es, una vez más, una promesa a futuro: la adopción de una nueva Constitución.
En cuanto a la relación con la Unión Europea, Pashinian reafirmó que el Acuerdo de Asociación Integral y Ampliado (CEPA) sigue siendo la hoja de ruta del país. Sobre una eventual adhesión a la UE, el primer ministro fue deliberadamente vago: el objetivo, dijo, es "ser un país que cumpla con los mejores estándares", sin precisar plazos ni compromisos concretos.
La pregunta que queda flotando en el aire es inevitable: si después de ocho años en el poder el propio Pashinian confiesa no tener sensación de justicia en su país, ¿quién es el responsable?
