La Fiscalía General de Armenia presentó una nueva demanda ante el Tribunal Anticorrupción contra el arzobispo Bagrat Galstanian, conocido públicamente como Bagrat Srpazán, en la que solicita la restitución al Estado de un terreno y las construcciones ubicadas en la aldea de Navur, en la provincia de Tavush. La acción judicial busca declarar inválidas las transferencias previas de la propiedad y revertir su actual titularidad.

Según la versión del Ministerio Público, el caso se refiere a una parcela que originalmente tenía la categoría de terreno de “uso especial” y que, de acuerdo con la legislación armenia, no podía ser privatizada. La Fiscalía sostiene que el predio fue vendido en 2014 a un tercero y posteriormente transferido a Galstanian, por lo que ahora solicita que el bien —junto con las edificaciones existentes— sea devuelto al Estado.

El expediente incluye varias construcciones levantadas en el lugar, entre ellas instalaciones de uso productivo y estructuras auxiliares. La Fiscalía considera que, si el terreno no podía ser objeto de privatización, las transferencias posteriores carecen de validez jurídica y, en consecuencia, también deben revertirse las obras realizadas.

No se trata del primer litigio sobre esta propiedad. En 2023 la Fiscalía ya había presentado una demanda para impugnar la venta inicial y reclamar la restitución del terreno. En diciembre de 2025, el Tribunal Anticorrupción rechazó ese reclamo por considerar vencido el plazo de prescripción. Sin embargo, la decisión no quedó firme, ya que fue apelada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la defensa del arzobispo, la nueva demanda intenta reabrir el mismo conflicto mediante otra vía procesal con el objetivo de privarlo del inmueble. La abogada Tatevik Soghoian afirma que Galstanian adquirió el terreno hace aproximadamente nueve años como comprador de buena fe y que posteriormente, con el apoyo de allegados y mediante créditos, se construyó allí una explotación agropecuaria destinada a generar empleo en la comunidad fronteriza de Navur.

Según la defensa, el proyecto —conocido localmente por la producción de carne— se vio afectado por la pandemia de COVID-19 y la guerra de 2020, lo que llevó a la paralización de la actividad. La carga de los préstamos, sostiene la abogada, continúa recayendo sobre el arzobispo, mientras el emprendimiento permanece inactivo.

Soghoian también cuestionó la actuación de la Fiscalía en el proceso anterior, señalando supuestas inconsistencias en la presentación de pruebas relacionadas con la prescripción. A su juicio, el Ministerio Público optó por presentar una nueva demanda sin esperar el resultado del recurso de apelación, con el mismo objetivo de recuperar la propiedad.

El caso se desarrolla en un contexto de fuerte tensión política entre el gobierno armenio y sectores de la Iglesia Apostólica Armenia. Galstanian, jefe de la diócesis de Tavush y una de las figuras más visibles del movimiento opositor surgido en 2024, enfrenta además otros procesos judiciales impulsados por las autoridades.

La nueva demanda abre un nuevo frente legal en torno al terreno de Navur y vuelve a situar en el centro del debate si se trata de una disputa estrictamente jurídica sobre la legalidad de la privatización o de un episodio más dentro de la confrontación política entre el gobierno y una figura clave de la oposición eclesiástica.