El 17 de febrero, el tribunal militar de Bakú condenó a Ruben Vardanian a 20 años de prisión. Según sus representantes, el veredicto no fue resultado de un proceso judicial independiente e imparcial, sino el desenlace previsible de un procedimiento impulsado por consideraciones políticas y contrario a los estándares de un juicio justo.

El equipo legal afirmó de manera inequívoca que la condena es jurídicamente insostenible. Desde el inicio, sostienen, el proceso estuvo marcado por graves y sistemáticas violaciones tanto del derecho interno de Azerbaiyán como de sus obligaciones internacionales. En particular, indicaron que el tribunal no cumplió con los requisitos de independencia e imparcialidad establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que la presunción de inocencia resultó comprometida por la formulación de los cargos.

Asimismo, denunciaron que la defensa fue privada de acceso efectivo al expediente, contó con un plazo manifiestamente insuficiente para examinar la documentación y enfrentó obstáculos reiterados para presentar mociones y pruebas exculpatorias. Señalaron además que Vardanian no tuvo acceso pleno e independiente a un abogado de su elección, lo que —afirman— lo privó de su derecho fundamental a preparar y presentar una defensa efectiva.

Según la declaración, el carácter contradictorio del proceso quedó desmantelado, ya que el acusado no dispuso de una oportunidad genuina para impugnar los cargos ante un tribunal competente, independiente e imparcial, por lo que la integridad del veredicto no puede sostenerse.

El equipo jurídico subrayó también el carácter político de la acusación. Indicaron que Vardanian fue considerado penalmente responsable no por conductas individuales probadas más allá de toda duda razonable, sino por su participación política y servicio público vinculados a las instituciones de Artsaj / Nagorno Karabaj. Recordaron que el derecho penal contemporáneo no permite criminalizar la identidad, la afiliación política ni la participación en estructuras de gobierno sin la existencia de actos delictivos específicos y comprobados.

Para los abogados, el conjunto de las violaciones conduce a una conclusión inevitable: Ruben Vardanian fue privado de un juicio justo. Añaden que su condena refleja un patrón más amplio que afecta a los armenios étnicos de Nagorno Karabaj y plantea serias preocupaciones sobre el Estado de derecho. En ese marco, sostienen que este proceso, al igual que el reciente juicio contra otros quince armenios, es ilegal.

Finalmente, el equipo legal hizo un llamado a las organizaciones internacionales, a los mecanismos de derechos humanos y a los gobiernos para que adopten medidas inmediatas y concretas destinadas a proteger los derechos de Vardanian y de los demás armenios detenidos en Bakú, así como a asegurar su liberación. Advirtieron que la normalización de los procesos penales con motivación política amenaza no solo a las personas afectadas, sino también a la credibilidad del orden jurídico internacional.

Siranush Sahakian, directora del Centro de Derecho Internacional y Comparado, abogada.
Taron Simonian, socio fundador de ELL Partnership Law Firm, abogado.
Yeghishe Kirakosian, socio gerente de Equity Law Partners, abogado.